TIJUANA.- Tres funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) fueron cesados de manera definitiva por pérdida de confianza, uno de ellos es investigado en Estados Unidos por estar ligado al Cártel Arellano Félix, informó el Visitador General de la misma dependencia, Joel Hidalgo Duéñez Hurtado.
En un comunicado, se establece que los ahora ex funcionarios laboraban en los municipios de Mexicali y Tijuana.
Con estos tres elementos dados de baja se eleva a 33 el número de servidores públicos que son destituidos en lo que va del año en esa dependencia.
El Visitador General de la PGJE es como un auditor interno.
El funcionario aclaró que tras una investigación se determinó que los servidores públicos incurrieron a faltas a Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado y a su reglamento, y de la Ley de Seguridad Pública del Estado.
Se trata de Jesús Quiñónez Márquez, Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Enlace Internacional de la PGJE, dado de baja el pasado 14 de noviembre.
Quiñónez Márquez fue arrestado el 23 de julio del 2010 por el Alguacil de los Estados Unidos adscrito al Buró Federal de Investigaciones (FBI), en cumplimiento a la orden de arresto girada por el Juez Magistrado de los Estados Unidos Distrito Sur de California.
En Estados Unidos se le acusó de conspiración para llevar a cabo actividades empresariales por medio de actividades ilícitas "Conspiración RICO" (Conspiración de una Organización Criminal Corrupta Influenciada por Actividades ilícitas), organización criminal controlada por Fernando Sánchez Arellano, del Cártel de los hermanos Arellano Félix.
Cabe señalar que este ex funcionario actualmente se encuentra en custodia del Fiscal General, preso en un centro correccional del Estado de California, en Estados Unidos.
Asimismo se encuentra Reydasel Márquez Hernández, Canalizador que laboraba en la Agencia del Ministerio Público Receptora Mesa de Otay, dado de baja el 14 de octubre.
Márquez Hernández es presunto responsable de faltarles al respeto a dos ciudadanas haciéndoles diversos comentarios inapropiados de tipo erótico sexual, y entre otras cosas solicitándoles a ambas en diversas fechas que le hicieran favores de dicha naturaleza.
El último servidor público es Roberto Nicolás Díaz de León Maldonado, perito médico de la PGJE zona Mexicali, dado de baja el 24 de noviembre.
Hizo uso indebido del equipo y recursos de la institución a favor de un tercero ajeno a la misma, pues dispuso de las herramientas tecnológicas de la jefatura de servicios periciales zona Mexicali y elaboró un dictamen pericial en materia de criminalística, el cual entregó a un particular para que o presentara como propio en un juicio.
En un comunicado, se establece que los ahora ex funcionarios laboraban en los municipios de Mexicali y Tijuana.
Con estos tres elementos dados de baja se eleva a 33 el número de servidores públicos que son destituidos en lo que va del año en esa dependencia.
El Visitador General de la PGJE es como un auditor interno.
El funcionario aclaró que tras una investigación se determinó que los servidores públicos incurrieron a faltas a Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado y a su reglamento, y de la Ley de Seguridad Pública del Estado.
Se trata de Jesús Quiñónez Márquez, Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Enlace Internacional de la PGJE, dado de baja el pasado 14 de noviembre.
Quiñónez Márquez fue arrestado el 23 de julio del 2010 por el Alguacil de los Estados Unidos adscrito al Buró Federal de Investigaciones (FBI), en cumplimiento a la orden de arresto girada por el Juez Magistrado de los Estados Unidos Distrito Sur de California.
En Estados Unidos se le acusó de conspiración para llevar a cabo actividades empresariales por medio de actividades ilícitas "Conspiración RICO" (Conspiración de una Organización Criminal Corrupta Influenciada por Actividades ilícitas), organización criminal controlada por Fernando Sánchez Arellano, del Cártel de los hermanos Arellano Félix.
Cabe señalar que este ex funcionario actualmente se encuentra en custodia del Fiscal General, preso en un centro correccional del Estado de California, en Estados Unidos.
Asimismo se encuentra Reydasel Márquez Hernández, Canalizador que laboraba en la Agencia del Ministerio Público Receptora Mesa de Otay, dado de baja el 14 de octubre.
Márquez Hernández es presunto responsable de faltarles al respeto a dos ciudadanas haciéndoles diversos comentarios inapropiados de tipo erótico sexual, y entre otras cosas solicitándoles a ambas en diversas fechas que le hicieran favores de dicha naturaleza.
El último servidor público es Roberto Nicolás Díaz de León Maldonado, perito médico de la PGJE zona Mexicali, dado de baja el 24 de noviembre.
Hizo uso indebido del equipo y recursos de la institución a favor de un tercero ajeno a la misma, pues dispuso de las herramientas tecnológicas de la jefatura de servicios periciales zona Mexicali y elaboró un dictamen pericial en materia de criminalística, el cual entregó a un particular para que o presentara como propio en un juicio.
