NUEVA YORK.- El creciente éxito de las autoridades migratorias estadounidenses para detener a inmigrantes sin documentos en el país ha disparado el negocio de las cárceles privadas, donde es detenida la mayoría mientras espera su deportación o la revisión de su situación legal.
En 2011, la Corporación de Correccionales de Estados Unidos (CCA), la mayor administradora de prisiones privadas del país, logró un ingreso neto de 40.5 millones de dólares debido, principalmente, al gran número de personas que dejó bajo su custodia el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
"La inmigración es una parte importante del negocio de las prisiones privadas", indica David Shapiro, abogado y miembro del Proyecto Nacional de Prisiones de la Unión de Libertades Civiles (ACLU).
"Casi la mitad de los inmigrantes detenidos se encuentran en prisiones privadas, un porcentaje mucho más grande que el que está en las cárceles estatales o federales", completó.
El negocio ha resultado tan bueno que muchos activistas acusan a las administradoras de prisiones privadas de ser los principales cabilderos para la aprobación de leyes estatales antiinmigrantes como la SB1070 de Arizona, replicada ya en una decena de entidades.
El ICE mantiene diariamente bajo custodia a unos 33 mil inmigrantes, más del triple de lo registrado en 1996, según cifras de la Red de Observación de Detenciones, organización dedicada al estudio de la situación penitenciaria en Estados Unidos. La mitad de ellos, se estima, está en prisiones privadas.
Muchas de las personas detenidas por el Gobierno federal son migrantes sin documentos, que después enfrentan un proceso de deportación, aunque otros son arrestados sin razón o sin que se respeten sus derechos constitucionales. Se han reportado, además, maltratos que involucran a las prisiones privadas, de acuerdo con un informe de la ACLU.
Estados Unidos es el país con mayor cantidad de reos, tanto en números absolutos como en relación con la población total, según cifras oficiales.
Para sustentar sus ganancias, las prisiones privadas necesitan que esa estadística se amplíe, ya sea quedándose con más cárceles estatales, elevando el número de prisioneros o aumentando el tiempo que pasan en una prisión, algo que puede lograrse endureciendo las condiciones para otorgar libertad bajo palabra.
Es aquí donde las detenciones vinculadas a las leyes de migración cobran relevancia pues, de acuerdo con Shapiro, la industria de las prisiones privadas se ha involucrado con mayor intensidad en la reforma migratoria.
Ejemplo de ello son los señalamientos realizados por empresas de cárceles privadas, las cuales indican que un cambio en los reglamentos de migración podría afectar sus ganancias.
"La reforma a las leyes migratorias, que actualmente son foco de políticos al nivel federal, estatal y local, podrían impactarnos materialmente de manera adversa", afirma Grupo GEO, la segunda empresa de prisiones más grande del país, en uno de sus informes a la SEC, organismo regulador del mercado de capitales en Estados Unidos.
En conjunto, GEO y CCA facturaron 3 mil millones de dólares en 2010, de acuerdo con cifras presentadas por ambas compañías a la SEC.
Las prisiones privadas tienen un poderoso poder de cabildeo, pero han encontrado un férreo rechazo en grupos defensores de derechos civiles, movimientos a favor de los inmigrantes, grupos religiosos y, también, el movimiento "Occupy Wall Street".
LEYES ANTIINMIGRANTES
Las empresas que administran cárceles privadas han desplegado un amplio esfuerzo de cabildeo para ampliar sus ganancias, como otras compañías en Estados Unidos cuyo negocio se vincula al Estado.
Aunque la industria de presiones privadas lo niega, ese esfuerzo fue señalado por un informe de la National Public Radio (NPR) sobre la ley antiinmigrante SB1070 de Arizona, alrededor de la cual se desarrollaron otras leyes similares en Estados Unidos.
"La industria de prisiones privadas ha sido representada por una organización, el Consejo de Intercambio de Legisladores Estadounidenses (ALEC).
"Esa organización ha impulsado reglamentos con penas más severas para diversos crímenes y también propuso la Ley Arizona, aunque lo niega", indicó David Shapiro, abogado del Proyecto Nacional de Prisiones de la Unión de Libertades Civiles (ACLU).
El arquitecto de la ley de Arizona, el ex senador estatal Russell Pearce, formó parte de su idea en una reunión de la ALEC a la cual concurrieron representantes de la Corporación de Correccionales de Estados Unidos (CCA).
La NPR difundió días atrás que no quiso sugerir, en su informe, que CCA escribió el lenguaje de la ley.
En 2011, la Corporación de Correccionales de Estados Unidos (CCA), la mayor administradora de prisiones privadas del país, logró un ingreso neto de 40.5 millones de dólares debido, principalmente, al gran número de personas que dejó bajo su custodia el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
"La inmigración es una parte importante del negocio de las prisiones privadas", indica David Shapiro, abogado y miembro del Proyecto Nacional de Prisiones de la Unión de Libertades Civiles (ACLU).
"Casi la mitad de los inmigrantes detenidos se encuentran en prisiones privadas, un porcentaje mucho más grande que el que está en las cárceles estatales o federales", completó.
El negocio ha resultado tan bueno que muchos activistas acusan a las administradoras de prisiones privadas de ser los principales cabilderos para la aprobación de leyes estatales antiinmigrantes como la SB1070 de Arizona, replicada ya en una decena de entidades.
El ICE mantiene diariamente bajo custodia a unos 33 mil inmigrantes, más del triple de lo registrado en 1996, según cifras de la Red de Observación de Detenciones, organización dedicada al estudio de la situación penitenciaria en Estados Unidos. La mitad de ellos, se estima, está en prisiones privadas.
Muchas de las personas detenidas por el Gobierno federal son migrantes sin documentos, que después enfrentan un proceso de deportación, aunque otros son arrestados sin razón o sin que se respeten sus derechos constitucionales. Se han reportado, además, maltratos que involucran a las prisiones privadas, de acuerdo con un informe de la ACLU.
Estados Unidos es el país con mayor cantidad de reos, tanto en números absolutos como en relación con la población total, según cifras oficiales.
Para sustentar sus ganancias, las prisiones privadas necesitan que esa estadística se amplíe, ya sea quedándose con más cárceles estatales, elevando el número de prisioneros o aumentando el tiempo que pasan en una prisión, algo que puede lograrse endureciendo las condiciones para otorgar libertad bajo palabra.
Es aquí donde las detenciones vinculadas a las leyes de migración cobran relevancia pues, de acuerdo con Shapiro, la industria de las prisiones privadas se ha involucrado con mayor intensidad en la reforma migratoria.
Ejemplo de ello son los señalamientos realizados por empresas de cárceles privadas, las cuales indican que un cambio en los reglamentos de migración podría afectar sus ganancias.
"La reforma a las leyes migratorias, que actualmente son foco de políticos al nivel federal, estatal y local, podrían impactarnos materialmente de manera adversa", afirma Grupo GEO, la segunda empresa de prisiones más grande del país, en uno de sus informes a la SEC, organismo regulador del mercado de capitales en Estados Unidos.
En conjunto, GEO y CCA facturaron 3 mil millones de dólares en 2010, de acuerdo con cifras presentadas por ambas compañías a la SEC.
Las prisiones privadas tienen un poderoso poder de cabildeo, pero han encontrado un férreo rechazo en grupos defensores de derechos civiles, movimientos a favor de los inmigrantes, grupos religiosos y, también, el movimiento "Occupy Wall Street".
LEYES ANTIINMIGRANTES
Las empresas que administran cárceles privadas han desplegado un amplio esfuerzo de cabildeo para ampliar sus ganancias, como otras compañías en Estados Unidos cuyo negocio se vincula al Estado.
Aunque la industria de presiones privadas lo niega, ese esfuerzo fue señalado por un informe de la National Public Radio (NPR) sobre la ley antiinmigrante SB1070 de Arizona, alrededor de la cual se desarrollaron otras leyes similares en Estados Unidos.
"La industria de prisiones privadas ha sido representada por una organización, el Consejo de Intercambio de Legisladores Estadounidenses (ALEC).
"Esa organización ha impulsado reglamentos con penas más severas para diversos crímenes y también propuso la Ley Arizona, aunque lo niega", indicó David Shapiro, abogado del Proyecto Nacional de Prisiones de la Unión de Libertades Civiles (ACLU).
El arquitecto de la ley de Arizona, el ex senador estatal Russell Pearce, formó parte de su idea en una reunión de la ALEC a la cual concurrieron representantes de la Corporación de Correccionales de Estados Unidos (CCA).
La NPR difundió días atrás que no quiso sugerir, en su informe, que CCA escribió el lenguaje de la ley.
