PHOENIX, Arizona.- Joe Arpaio, controvertido alguacil del condado de Maricopa, exigió al Departamento de Justicia comprobar con hechos las acusaciones sobre el accionar racista de la oficina a su cargo, insistiendo en la orientación política del caso.
"Sospecho que está la política involucrada en esto, pero queremos resolver el caso", señaló Arpaio a la prensa.
Ayer concluyó el plazo para señalar si su oficina deberá ser investigada por autoridades federales, en virtud de corregir acusaciones por violaciones a los derechos civiles de inmigrantes bajo su jurisdicción.
El Departamento de Justicia estadounidense señaló su disposición para demandar al jefe policial, lo anterior para generar un cambio en caso de que la oficina del alguacil no esté interesada en modificar sus políticas anti inmigrantes de manera voluntaria.
El abogado Joseph Popolizio, encargado de representar al jefe policial, envió una carta a dicho Departamento donde señala su intención de llevar la disputa a la corte en caso de que las autoridades federales no sostengan sus dichos.
Del mismo modo, la dependencia de Arpaio señaló que no discrimina de algún modo a los inmigrantes latinos, aunque en caso de que puedan comprobarse las afirmaciones, el abogado señaló una apertura para un diálogo constructivo entre las partes.
"Simplemente estamos pidiendo la oportunidad de realizar nuestra propia ponderación sobre la confiabilidad de la evidencia en posesión de ustedes'', señaló Popolizio.
De acuerdo con un informe emitido por dicho Departamento en diciembre, agentes a cargo de Arpaio realizan acciones policiales contra los habitantes sólo por su apariencia hispana, al tiempo que castiga a presos latinos por hablar español, entre otras medidas similares.
En un inicio, Arpaio señaló que el departamento bajo su cargo cooperará con la justicia aunque manifestó estar preparado, para defenderse en los tribunales de ser necesario.
Posteriormente, el alguacil rechazó las acusaciones en su contra y señaló que el informe realizado por el Departamento de Justicia es un ataque del Gobierno de Barack Obama con motivaciones políticas.
Mientras tanto, las autoridades federales han pedido al alguacil tomar un adiestramiento sobre imponer la ley con apego a la Constitución.
Respecto a la carta, el Departamento de Justicia no realizó ninguna declaración ante la prensa.
"Sospecho que está la política involucrada en esto, pero queremos resolver el caso", señaló Arpaio a la prensa.
Ayer concluyó el plazo para señalar si su oficina deberá ser investigada por autoridades federales, en virtud de corregir acusaciones por violaciones a los derechos civiles de inmigrantes bajo su jurisdicción.
El Departamento de Justicia estadounidense señaló su disposición para demandar al jefe policial, lo anterior para generar un cambio en caso de que la oficina del alguacil no esté interesada en modificar sus políticas anti inmigrantes de manera voluntaria.
El abogado Joseph Popolizio, encargado de representar al jefe policial, envió una carta a dicho Departamento donde señala su intención de llevar la disputa a la corte en caso de que las autoridades federales no sostengan sus dichos.
Del mismo modo, la dependencia de Arpaio señaló que no discrimina de algún modo a los inmigrantes latinos, aunque en caso de que puedan comprobarse las afirmaciones, el abogado señaló una apertura para un diálogo constructivo entre las partes.
"Simplemente estamos pidiendo la oportunidad de realizar nuestra propia ponderación sobre la confiabilidad de la evidencia en posesión de ustedes'', señaló Popolizio.
De acuerdo con un informe emitido por dicho Departamento en diciembre, agentes a cargo de Arpaio realizan acciones policiales contra los habitantes sólo por su apariencia hispana, al tiempo que castiga a presos latinos por hablar español, entre otras medidas similares.
En un inicio, Arpaio señaló que el departamento bajo su cargo cooperará con la justicia aunque manifestó estar preparado, para defenderse en los tribunales de ser necesario.
Posteriormente, el alguacil rechazó las acusaciones en su contra y señaló que el informe realizado por el Departamento de Justicia es un ataque del Gobierno de Barack Obama con motivaciones políticas.
Mientras tanto, las autoridades federales han pedido al alguacil tomar un adiestramiento sobre imponer la ley con apego a la Constitución.
Respecto a la carta, el Departamento de Justicia no realizó ninguna declaración ante la prensa.
