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El Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció que una docena de líderes de los Ministerios del Valle Imperial, incluido su ex pastor, han sido acusados formalmente este martes por presuntamente someter a docenas de personas, en su mayoría sin hogar, a trabajos forzados, obligándolos a entregar beneficios de asistencia social y mendigar hasta nueve horas por día, seis días a la semana, para el beneficio financiero de los líderes de la iglesia.

Los acusados fueron arrestados en El Centro, San Diego y Brownsville, Texas, y acusados de conspiración, trabajo forzado, servidumbre de documentos y fraude de beneficios.

Los acusados locales fueron procesados ante el tribunal federal en El Centro ante la jueza federal Ruth Bermudez Montenegro.

De acuerdo a las autoridades, los sospechosos fueron identificados como Susan Christine Leyva, también conocida como Susan Christine González o Christy González, de 39 años; José “Joe” Anthony Díaz, de 39 y Mercedes Gonzales, alias Mercy Días, de 37; y José Demara Flores, quien ademas se hace llamar Joe Flores, de 52, todos de Brownsville.

De El Centro fueron asegurados Arnoldo Bugarín, de 47 años; Azucena Torres, también conocida como Susana Bugarín, de 43; Sergio Partida, de 32; Ana Karen Robles Ortiz, también llamada Karen Partida, de 29; José Gaytán, de 47 y Sonia Murillo, de 51.

El último de los detenidos es José “Chito” Morales, de 47 años y originario de San Diego.

Por los delitos imputados a los acusados, éstos podrían pasar hasta años en prisión y verse obligados a pagar multas de 1 millón de dólares.

La Policía de El Centro indicó que los oficiales realizaron cateos en domicilios situados en la cuadra marcada con los números 1800 de la Avenida Ross y sobre la cuadra marcada con los números 400 de la Avenida Hamilton, propiedad de miembros de la iglesia que se encontraban ocupados.

“La acusación alega un terrible abuso de poder por parte de funcionarios de la iglesia que se aprovecharon de las personas sin hogar vulnerables con la promesa de una cama y comidas calientes”, dijo el fiscal federal Robert Brewer.

“Estas víctimas fueron mantenidas cautivas, despojadas de sus humildes medios financieros, su identificación, su libertad y su dignidad”, agregó.

“La trata de personas roba a las víctimas de sus derechos humanos más básicos. Las víctimas de la trata de personas a menudo no son vistas por la sociedad, se dejan suplicar en silencio”, añadió el agente especial a cargo del FBI Scott Brunner.

Imperial Valley Ministries, o IVM, opera una iglesia no confesional con sede en El Centro, y ha abierto aproximadamente 30 iglesias afiliadas en todo Estados Unidos y México, incluidas ubicaciones en Los Ángeles, Santa Ana y San José en California; Las Vegas, Nevada; Phoenix, Arizona; y Brownsville, Texas.

El propósito oficial de IVM es “restaurar” a los drogadictos en hogares grupales de rehabilitación basados en la religión y recaudar dinero para abrir iglesias en otras ciudades para hacer la misma labor.

Además de la iglesia y la oficina principal, IVM poseía y operaba tres hogares grupales en el área de El Centro, uno más en Calexico y otro en Chula Vista.

Los líderes de IVM presuntamente indujeron a muchos a participar al ofrecerles comida y refugio gratis con la falsa promesa de que las víctimas recibirían recursos para eventualmente regresar a sus hogares.

Según la acusación, los acusados registraron a las víctimas en los hogares grupales de IVM, donde se les exigió que firmaran acuerdos para adherirse a las reglas.

Muchas víctimas, incluidas muchas que no requerían servicios de rehabilitación de drogas, afirmaron que más tarde fueron retenidas en propiedades de la iglesia en contra de su voluntad.

La acusación indica que los líderes de la iglesia encerraron a las víctimas dentro de hogares grupales con cerraduras de seguridad, además de confiscar documentos de identificación como licencias de conducir, pasaportes, documentos de inmigración y tarjetas de identificación, a fin de evitar que las víctimas escapen.

La fiscalía detalla que los dirigentes de la iglesia presuntamente robaron los beneficios de bienestar de las víctimas y exigieron el cumplimiento de reglas que los obligaban a leer la Biblia y disciplinarlos en caso de romper dichas normas.

Las ventanas de los centros fueron cerradas con llave en algunos hogares de grupos, lo que llevó a una víctima desesperada de 17 años a romper una ventana, escapar y correr a una propiedad vecina para llamar a la policía. El adolescente fue llevado al Centro Médico Regional de El Centro por cortes sufridos durante la fuga.

Las autoridades acusan a los demandados por presuntamente haber extorsionado la entrega de las tarjetas de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT) de los participantes obtenidas a través del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), administrado por el Programa CalFresh, al usar amenazas.

Los líderes de IVM supuestamente luego usaron los beneficios de SNAP para fines indebidos, al proporcionarlos a personas no elegibles e instruir indebidamente a los destinatarios para que no buscaran o aceptaran un empleo externo.

Los líderes de IVM, incluido, el ex pastor Víctor González, se negaron a devolver las tarjetas EBT confiscadas y los bienes personales a los participantes que pidieron retirarse.

Los miembros de IVM supuestamente también usaron varios medios para obligar a los participantes a quedarse y continuar limosneando para beneficio financiero de la iglesia al amedrentar con robarse a sus hijos y asegurarles que sus seres queridos los rechazarían.

Los castigos por violaciones de las reglas del hogar, como hablar en público sobre los hechos al interior de la iglesia, supuestamente incluían la retención de alimentos.

En otro caso, los líderes de la iglesia aparentemente se negaron a permitir que una víctima diabética obtuviera medicamentos, suministros médicos e incluso alimentos a pesar del bajo nivel de azúcar en la sangre.

En este caso, la víctima logró escapar y buscar ayuda.

Todas las víctimas identificadas se encuentra en libertad, informó el Departamento de Justicia.

Los especialistas en víctimas han estado en espera para brindar asistencia inmediata a cualquier víctima adicional que fuese hallada a fin de brindarles refugio, transporte o cualquier servicio de apoyo necesario.

“Esta es la acusación de tráfico laboral más importante en este distrito en muchos años”, consideró Brewer, al agregar que “estos casos son pocos y distantes porque muchas víctimas viven en cautiverio y con miedo, impotentes para denunciar los crímenes en su contra”.

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