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El Ayuntamiento de Mexicali firmó un convenio con el Gobierno del Estado para prestarle 250 millones de pesos. IMAGEN DE ARCHIVO

MEXICALI — El convenio de colaboración que compromete 250 millones de pesos de los mexicalenses, firmado de manera poco transparente por la actual alcaldesa de Mexicali, Guadalupe Mora Quiñonez es, si no ilegal, sí completamente irresponsable e inmoral, afirmó Alberto Sánchez Torres, Presidente de la Cámara Nacional de la industria de Transformación (CANACINTRA) Mexicali.

La actual alcaldesa de Mexicali no debería de estar al servicio del Ejecutivo Estatal, enfatizó Sánchez Torres.

Su prioridad, consideró el dirigente empresarial, debió ser en todo momento asegurar la sana administración de los recursos que generamos con el esfuerzo diario todos los mexicalenses, quienes no somos responsables de la ineficiencia en el manejo de los recursos públicos por parte del gobierno estatal.

“Mora Quiñonez debe de hacerse responsable de cualquier incumplimiento en el pago acordado ante los 250 millones prestados al ejecutivo estatal.

“Los mexicalenses tenemos derecho a conocer todas las cláusulas del convenio firmado para saber cuáles serán las sanciones en caso de incumplimiento de pago en los términos acordados, así como fincar responsabilidades” señaló.

Es lamentable, dijo Sánchez Torres, que la alcaldesa haya hecho uso irresponsable de los recursos públicos cuando Mexicali tiene grandes rezagos en vialidades, alumbrado, infraestructura, seguridad y servicios; lo anterior con el aval de los regidores emanados de Morena que, al callar, se convierten en cómplices de este acto que marca un precedente en la historia que no debemos de permitir que se vuelva a repetir.

Definitivamente, no es suficiente con publicar y enlistar la forma y los rubros en los que se compromete el Gobierno del Estado a regresar el préstamo, continuó el líder de los industriales.

Los mexicalenses, aseveró, necesitamos garantías sobre el retorno de dichos recursos y un manejo transparente de nuestro dinero, el dinero de todos; de ahí la exigencia de que transparenten de forma inmediata el convenio de colaboración.

Vemos con mucha preocupación, agregó, que todos los órganos fiscalizadores con los que cuenta la ciudadanía para proteger y garantizar el buen uso de los recursos, se encuentren actualmente callados o alineados a intereses personales o de partidos.

Sin embargo, cada vez somos más los grupos empresariales, sociales y esfuerzos ciudadanos, finalizó, que nos sumamos para buscar desde distintos frentes frenar la corrupción y violación constante del estado de derecho que prevalece en el actual Gobierno del Estado, en la XXIII Legislatura de Baja California y en los Ayuntamientos, confiamos en que los recursos legales interpuestos en diversos temas y por distintos grupos de la sociedad civil organizada, prosperen en beneficio de todos los agraviados.

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