SACRAMENTO — El Gobernador de California, Gavin Newsom, criticó la decisión del gobierno federal de implementar una nueva regla de carga pública dirigida a las familias inmigrantes vulnerables.

“Esta es una política imprudente que se enfoca en la salud y el bienestar de las familias inmigrantes y las comunidades de color, con implicaciones generalizadas para la atención médica, la vivienda y la asequibilidad de nuestro estado.

“Estamos revisando activamente los detalles para determinar los próximos pasos, pero por ahora, les recuerdo a las familias inmigrantes que se capaciten con asesoramiento legal calificado para comprender si la regla podría afectarlos”, indicó el mandatario.

Newsom recordó que California siempre se mantendrá firmemente detrás de todos los californianos, independientemente de su estado migratorio.

El gobierno estatal recordó que la regla final no es efectiva actualmente, sino 60 días después de la fecha de publicación en el registro federal.

En el presupuesto estatal para el año fiscal 2019-2020, el gobierno estatal incluyó un total de 65 millones de dólares en apoyo a organizaciones sin fines de lucro calificadas que brindan una amplia gama de servicios de inmigración calificados.

Entre éstas se encuentra el Comité Cívico del Valle de Brawley, único organismo con sede en el Valle Imperial que presta servicios de asesoría.

PROCURADOR

El Procurador General de California, Xavier Becerra, se comprometió a luchar contra la determinación de inadmisibilidad que la Administración Trump busca imponer con el establecimiento de la Regla Final de Motivos de Carga Pública, conocida como “Regla de carga pública del DHS”.

Esta regla reescribe las políticas que limitan quién puede obtener o mantener su estado de inmigración legal con base en el uso de programas financiados con fondos públicos.

Esta Regla bloqueará el camino hacia la ciudadanía para los inmigrantes de bajos ingresos y evitará que los estadounidenses de bajos ingresos patrocinen a familiares para inmigrar a los Estados Unidos, al tiempo de desalentar a los inmigrantes elegibles y a sus familias a acceder a programas importantes de salud, nutrición y vivienda y pone en peligro el bienestar de las familias trabajadoras, incluidos mujeres, niños y personas mayores.

California es el hogar de más de 10 millones de inmigrantes. La mitad de todos los niños en California tienen un padre que es inmigrante, recordó el fiscal.

“Esta regla vil es el último ataque de la Administración Trump contra familias y comunidades de color de bajos ingresos. Dañará a nuestras comunidades, escuelas y lugares de trabajo al utilizar programas esenciales de salud, vivienda y nutrición.

“No nos quedaremos sin hacer nada mientras esta Administración se enfoca en programas de los que dependen niños y familias de todo nuestro estado. Estamos listos para emprender acciones legales para proteger los derechos de todos los californianos”, afirmó Becerra.

La orientación actual del gobierno federal define una carga pública como una persona que depende principalmente de la asistencia pública en efectivo para el mantenimiento de ingresos o la atención institucional a largo plazo a expensas del gobierno, detalló la procuraduría.

Según la agencia, esta nueva regulación amplía esta definición al declarar que el uso de programas gubernamentales adicionales constituye una base para la determinación de la carga pública, que a su vez desalentará tanto a los inmigrantes como a los estadounidenses que buscan patrocinar a miembros de familias no ciudadanas para que accedan a programas y servicios importantes que salvan vidas, que incluyen atención médica a través de Medi-Cal (programa Medicaid de California), nutrición y apoyo alimentario para niños y familias a través de CalFresh (suplemento de California Programa de Asistencia Nutricional) y vivienda para familias a través de la Sección 8 de asistencia para vivienda.

ACTIVISTAS

Por su parte, el abogado César Vargas, codirector de la Coalición de Acción por Soñadores, dijo que la nueva regulación reducirá de forma dramática la cantidad de inmigrantes elegibles para ingresar al país, al facilitar que el personal federal pueda rechazar a los solicitantes de tarjetas verdes y visas en caso de recibir beneficios públicos del gobierno.

“La nueva carga pública no es más que otro ataque contra nuestras familias inmigrantes. La nueva regulación no solo reducirá las tarjetas verdes y las visas, sino que también obligará a las personas a renunciar a las protecciones legales y los beneficios para los que ellos o sus hijos ciudadanos son legalmente elegibles”, agregó el primer abogado sin documentos del país.

“Las políticas de inmigración de Trump nunca se centraron en reducir la población indocumentada; siempre se trataron de crear miedo en las comunidades de inmigrantes para que se vieran obligados a deportarse a sí mismos”, consideró.

De acuerdo al Consorcio de Derecho Inmigrante de San Diego (SDIRC en inglés), las nuevas reglas descalaficarían a muchos inmigrantes debido a la amplia gama de programas que han sido incluidos en la lista de carga pública como los vales de vivienda, el programa Medicaid, las llamadas estampillas de comida y otros, de los cuales dependen las familias migrantes para subsistir.

El Consorcio destacó que estas familias ahora enfrentan la disyuntiva entre pagar las cuentas de sus hogares o retener su estado legal.

Las medidas deberán ponerse en marcha el 15 de octubre, pero grupos como el Centro Nacional de Ley Migratoria (NILC) han adoptado acciones legales para evitar que la propuesta sea implementada.

Lilian Serrano, Presidenta del SDIRC, consideró que el Presidente Trump está atacando los programas de la red de seguridad nacional para limitar la inmigración legal en otro esfuerzo de hacer de los migrantes chivos expiatorios para obtener ganancias políticas.

“Ya estamos viendo que las familias no obtienen beneficios públicos debido a esta regla, a pesar de que la regla aún no ha entrado en vigor. En lugar de ayudar a estas familias en dificultades a encontrar su equilibrio durante los momentos críticos de la vida, la administración está tratando de hacer sus vidas lo más difíciles posible.

“Las redes de seguridad de nuestro país están ahí para que los niños tengan suficiente comida y sus padres tengan acceso a la atención médica para que sus familias puedan prosperar. Nos complace ver que muchas de nuestras organizaciones asociadas están intensificando y demandando a la administración por esto, y esperamos que estos esfuerzos eviten que la regla entre en vigencia en octubre”, consideró Serrano.

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