WASHINGTON — En un momento en que los estadounidenses están desesperados por recibir alivio de la devastación social y económica de la pandemia de COVID-19, se espera que el Congreso apruebe un proyecto de ley de financiamiento federal que vergonzosamente no satisface las necesidades de las comunidades y familias que han sufrido más y, en cambio, invierte 23 mil millones de dólares en el sistema de detención y deportación de inmigrantes del Departamento de Seguridad Nacional, indicaron activistas a favor de la inmigración.

A medida que el número de muertos en Estados Unidos por COVID-19 se acerca a las 320 mil personas, y las ciudades y los estados trabajan para implementar un esfuerzo de vacunación sin precedentes, incluso cuando sus sistemas de atención médica se paralizan bajo el peso del aumento de las hospitalizaciones, el proyecto de ley del Congreso brinda cierto alivio a ciertas familias de estatus mixto también destina miles de millones a sistemas de detención y deportación dirigidos a ellos, indicó la Alianza San Diego.

El proyecto de financiamiento otorga mil 375 millones de dólares a Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para continuar construyendo el muro fronterizo sur de la administración Trump, que ha destruido ecosistemas frágiles, profanado sitios sagrados indígenas y perpetuado la militarización mortal de la región.

Además, asigna 2 mil 800 millones al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para que mantenga detenidas a hasta 34 mil personas cada noche, más del doble de las aproximadamente 15 mil 700 personas actualmente detenidas y una inversión peligrosa para un sistema en el que 21 personas murieron solo en el último trimestre del año fiscal después de dar positivo a COVID-19.

La campaña Defund Hate exige más de la 117 Legislatura entrante y de la administración Biden.

“Continuaremos luchando para desmantelar los sistemas de detención y aplicación militarizada de ICE y CBP, y para mover al Congreso y al próximo presidente a invertir en la salud y el bienestar de todas las comunidades mientras nuestro mundo se recupera de la pandemia actual”, agregó la Alianza.

Vicki Gaubeca , directora de la Coalición de Comunidades de la Frontera Sur, consideró como difícil creer que el Congreso haya optado por dar prioridad a la entrega de casi mil 400 millones de dólares en nuevos fondos para el mortal muro fronterizo, especialmente con el sufrimiento causado por la pandemia de COVID-19.

“Esos fondos se gastarían mejor en atención médica esencial, infraestructura de redes de seguridad para ayudar a quienes no pueden trabajar y otros servicios que permitan que nuestras comunidades prosperen, no en muros que matan, destruyen la vida silvestre e infringen la soberanía indígena”, expuso.

Para Madhuri Grewal, consejero de política de inmigración federal de la Unión Americana de Libertades Civiles, en ruta a su salida, el gobierno de Trump está utilizando el apoyo al COVID que se necesita desesperadamente para extraer más dinero para las arcas del DHS, asunto en el que el Congreso se ha vuelto cómplice.

“El paquete conjunto de alivio de gastos incluye victorias reñidas para nuestras comunidades, pero demasiados fracasos. El principal de estos son los montos de financiación desmedidos para la detención y el muro fronterizo.

“Los últimos cuatro años, pero especialmente este año, han puesto de relieve el abuso y el trauma sistémico que sufren los inmigrantes y sus familias debido al vasto sistema de detención y aplicación de la ley de nuestro país, incluso en la frontera. En un momento en el que existe un apoyo generalizado para poner fin a la máquina de detenciones y para derribar el muro ilegal de Trump, es inexplicable que el Congreso esté haciendo este intercambio”, afirmó.

De acuerdo a Sanaa Abrar, directora de defensa de United We Dream, es imprudente que el Congreso haya decidido desperdiciar miles de millones en fondos críticos para apoyar aún más el inmoral sistema de detención y ejecución del DHS, especialmente en un momento en que más de 300 mil personas han muerto por COVID-19 y millones más enfrentan desalojo y desempleo.

“La detención ha sido y siempre será una crueldad innecesaria que daña de manera desproporcionada a los inmigrantes negros y morenos. Sin embargo, incluso cuando los niveles de detención de ICE y CBP han alcanzado mínimos históricos, lo que demuestra que no necesitamos centros de detención, el Congreso continúa usando su poder de manera irresponsable, invirtiendo más dinero en estas agencias para mantener altos niveles de detención.

“No dejaremos de luchar hasta que eliminemos el financiamiento de agencias dañinas como ICE y CBP y ganemos las soluciones y políticas que ponen a las personas en primer lugar”, expresó.

Según Heidi Altman , directora de políticas del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, los miembros del Congreso deberían estar avergonzados por la aprobación apresurada de un proyecto de ley que financia un muro fronterizo destructivo y proporciona fondos para encarcelar al doble del número de personas encerradas en detención de inmigrantes en un momento en que las personas están muriendo y perdiendo sus medios de vida debido al COVID-19.

“Este es el papel que han elegido desempeñar en este momento de la historia de nuestra nación: financiar las fuerzas militarizadas derrochadoras e irresponsables de ICE y CBP, y la visión racista de un presidente que ha sido expulsado del cargo.

“La administración de Biden, y aquellos que fueron elegidos para servir en el próximo Congreso, deben comprometerse a rectificar el daño y la negligencia que representan estos proyectos de ley de financiamiento, quitando fondos a ICE y CBP y gastando el dinero de los contribuyentes para mejorar el bienestar de todas nuestras comunidades”, aseguró.

Sarah Gardiner, directora de política de Libertad para inmigrantes, añadió: “Con los niveles de detención de ICE en su nivel más bajo en más de una década, el Congreso tuvo una oportunidad real de deshacerse de la detención e invertir en nuestras comunidades. Es profundamente decepcionante que después del año más mortífero para los inmigrantes bajo custodia de ICE en 15 años, y en medio de una pandemia mundial, los funcionarios electos decidieran financiar la detención de 34 mil personas, el doble de la cantidad de personas actualmente detenidas por ICE. Sabemos que un mundo sin detenciones puede ser una realidad durante la administración Biden y continuaremos presionando al Congreso y a la nueva administración para que construyan este mundo con nosotros. Mantener el status quo solo asegura que se perderán más vidas en un sistema que prioriza las ganancias sobre las personas”.

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