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WASHINGTON — El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) anunció la implementación de la regla final de Inadmisibilidad por Motivos de Carga Pública a partir de este lunes 24 de febrero de 2020 en todo el país, incluido Illinois, luego de otro fallo judicial que dejó sin efecto el mandato judicial preliminar que estaba vigente en dicho estado.

A raíz de la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos emitida el 21 de febrero de 2020, que deja sin efecto el mandato judicial preliminar del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois que impedía la implementación de la regla final en dicho estado, el USCIS ahora aplicará la regla final a todas las solicitudes y peticiones mataselladas (o emitidas electrónicamente) a partir de este 24 de febrero de 2020.

Para las solicitudes y peticiones enviadas a través de mensajería comercial (por ejemplo, UPS, FedEx y DHL), la fecha del matasellos postal será la fecha que indica el recibo del servicio de mensajería.

La regla final, publicada el 14 de agosto de 2019 y programada originalmente para entrar en efecto el 15 de octubre, establece la forma en que personal del Departamento de Seguridad Nacional determinará si un extranjero es inadmisible e inelegible para ajustar su estatus al de residente permanente en Estados Unidos debido a la probabilidad de que dicho extranjero se convierta en una carga pública en algún momento futuro, conforme a la sección 212(a)(4) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

La regla final también atiende la autoridad que tiene el personal de USCIS para expedir fianzas por concepto de carga pública en el contexto de las solicitudes de ajuste de estatus.

Finalmente, la carga pública incluye un requisito de que los extranjeros que desean obtener una extensión de su estadía de no inmigrante o cambiar su estatus de no inmigrante comprueben que no han recibido beneficios públicos por encima del límite establecido desde que obtuvieron el estatus de no inmigrante que desean extender o cambiar, indicó el USCIS.

DETALLES

La implementación de la llamada política de carga pública por parte del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos dio inicio este lunes, con lo que personal de la agencia podrá determinar la regla inadmisibilidad de extranjeros por motivos de carga pública.

Según la regla final, el personal del DHS analizará los factores requeridos por ley por el Congreso como la edad, salud,  estado familiar, activos, recursos, estado financiero, educación y capacidades de un extranjero, entre otros factores, a fin de determinar si el extranjero es probable que en cualquier momento se convierta en una carga pública.

La regla ahora se aplica en todo el país, incluso en Illinois, donde un juez había impedido su aplicación a través de un fallo.

La autosuficiencia es un principio de larga data de la ley de inmigración, agregó el DHS.

Desde el siglo XIX, la inadmisibilidad basada en la carga pública ha sido parte de la ley de inmigración, afirmó la agencia.

Desde 1996, las leyes federales han establecido que los extranjeros que buscan venir o permanecer en los Estados Unidos, temporal o permanentemente, deben ser autosuficientes y confiar en sus propias capacidades y los recursos de familiares, amigos y organizaciones privadas en lugar de los beneficios públicos.

“El presidente Trump continúa cumpliendo su promesa al pueblo estadounidense de hacer cumplir las leyes de inmigración de nuestra nación.

“Después de varias victorias judiciales, el DHS finalmente comenzará a implementar la regla final de inadmisibilidad por motivos de carga pública”, afirmó Ken Cuccinelli, subsecretario interino del Departamento de Seguridad Nacional.

De acuerdo al funcionario, la regla hace cumplir una ley de larga data que exige que los extranjeros sean autosuficientes, al tiempo de reafirmar los ideales estadounidenses de trabajo duro, perseverancia y determinación.

“También ofrece claridad y expectativas a los extranjeros que estén considerando vivir en los Estados Unidos y ayudará a proteger nuestros programas de beneficios públicos”, agregó.

La regla final define la “carga pública” cuando un extranjero ha recibido uno o más beneficios públicos (como se define en la regla) durante más de 12 meses, en total, dentro de cualquier período de 36 meses.

La regla final define los “beneficios públicos” al incluir cualquier beneficio en efectivo para el mantenimiento de ingresos, ingresos de seguridad suplementarios, asistencia temporal a familias necesitadas, programa de asistencia nutricional suplementaria, la mayoría de las formas de Medicaid y ciertos programas de vivienda.

Los solicitantes quienes pidan ajustar su estado migratorio que están sujetos a la regla final deben comprobar la improbabilidad de que en ningún momento se conviertan en carga pública al presentar un Formulario I-944, llamada Declaración de Autosuficiencia, al presentar su Formulario I-485, denominado Solicitud de registro de residencia permanente o ajuste de estatus.

Con el fin de determinar si un extranjero es inadmisible por motivos de carga pública, el personal del USCIS no considerará certificación o aprobación para recibir ciertos beneficios públicos no monetarios previamente excluidos (como SNAP, la mayoría de las formas de Medicaid y viviendas públicas) antes del 24 de febrero de 2020.

La agencia aclaró que los solicitantes tampoco necesitan reportar dicha informacion en sus solicitudes.

Del mismo modo, el personal del USCIS tampoco va a considerar como un factor negativo muy ponderado el recibo de beneficios públicos previamente incluidos (como SSI y TANF) antes del 24 de febrero de 2020, al determinar inadmisibilidad por carga pública.

La regla final requiere que la mayoría de los extranjeros que busquen extender su estadía de no inmigrante o cambiar su estatus de no inmigrante para demostrar que, desde que obtuvieron dicho estatus que buscan extender o cambiar, no han recibido beneficios públicos (como se define en la regla final) por más de 12 meses, en total, dentro de cualquier período de 36 meses a partir del 15 de octubre de 2019.

Debido a demoras relacionadas con litigios en la implementación de la regla final, el personal del DHS está aplicando este requisito como si se refiriera al 24 de febrero de 2020 en lugar del 15 de octubre de 2019.

Por lo tanto, respecto a la aplicación de la condición de beneficios públicos a las solicitudes y peticiones de extensión de la estadía de no inmigrante y cambio de estatus de no inmigrante, el DHS no considerará, y los solicitantes y peticionarios no necesitan informar la recepción alguna de parte de un extranjero de beneficios públicos antes de febrero 24 de 2020.

Ciertas clases de extranjeros están exentas de la carga pública de inadmisibilidad (como refugiados, asilados, ciertos solicitantes de VAWA, solicitantes U y solicitantes T) y, por lo tanto, no están sujetos a la Regla Final.

A partir de este lunes, el USCIS rechazará las ediciones anteriores de los formularios afectados, incluso en Illinois, donde la norma permaneció prohibida hasta el 21 de febrero de 2020, cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos otorgó la suspensión del mandato estatal.

Si el USCIS recibe una solicitud o petición de beneficios de inmigración utilizando ediciones anteriores de los formularios con sello postal posterior al 24 de febrero de 2020, el USCIS informará al solicitante  la necesidad de presentar una nueva solicitud o petición utilizando los formularios correctos.

Para las solicitudes y peticiones que se envían por correo comercial (como UPS, FedEx y DHL), la fecha del matasellos es la fecha reflejada en el recibo del correo.

Por su parte, el Consorcio de Derechos de Inmigrantes de San Diego (SDIRC) y otras organizaciones de derechos de los inmigrantes dijeron estar trabajando para combatir la información errónea con información precisa y actualizada sobre los derechos por la implementación de la regla de carga pública.

La verdad sobre esta “prueba de riqueza” es que muchas familias inmigrantes están exentas; sin embargo, su implementación aún perjudica a las comunidades inmigrantes al generar miedo e incertidumbre entre nuestras poblaciones más vulnerables, indicó el organismo.

Además de los esfuerzos para educar a las comunidades inmigrantes sobre sus derechos, los organismos han presentado varias demandas que continúan desafiando la legalidad de la regla.

Lilian Serrano, presidenta del Consorcio de Derechos de los Inmigrantes de San Diego y organizadora de derechos humanos de Alianza Comunitaria, afirmó: “Continuaremos trabajando para garantizar que las familias inmigrantes en San Diego y más allá estén informados de sus derechos frente a esta nueva norma discriminatoria y odiosa”.

Según la activista, ningún niño debe pasar hambre o permanecer sin atención médica adecuada, independientemente de su estado migratorio y el de su familia.

“Todos los miembros de la comunidad merecen el apoyo que necesitan para prosperar”, añadió.

Serrano comentó que la regla de “carga pública” de Trump es solo una prueba de riqueza para los inmigrantes y otra forma en que esta administración ha armado los programas de redes de seguridad de nuestra nación para limitar la migración legal.

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