WASHINGTON — El Procurador General Merrick Garland anunció este miércoles que el Departamento de Justicia ha abierto una investigación de patrón o práctica en la Ciudad de Minneapolis y el Departamento de Policía de Minneapolis (MPD).

La investigación evaluará todos los tipos de fuerza utilizados por los agentes del MPD, incluidos los usos de la fuerza que involucran a personas con discapacidades de salud del comportamiento y los usos de la fuerza contra personas que participan en actividades protegidas por la Primera Enmienda.

La investigación también evaluará si el MPD participa en actividades policiales discriminatorias.

Como parte de la investigación, el Departamento de Justicia llevará a cabo una revisión integral de las políticas, la capacitación y la supervisión del MPD.

El departamento también evaluará los sistemas de responsabilidad del MPD, incluida la recepción de quejas, la investigación, la revisión, la disposición y la disciplina.

El Departamento de Justicia también se comunicará con grupos comunitarios y miembros del público para conocer sus experiencias con MPD.

El Fiscal General Garland indicó: “Generar confianza entre la comunidad y las fuerzas del orden requerirá tiempo y esfuerzo para todos, pero emprendemos esta tarea con determinación y urgencia, sabiendo que el cambio no puede esperar”.

Este miércoles, funcionarios del Departamento de Justicia informaron al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, a la jefa del MPD, Medaria Arradondo, al fiscal municipal Jim Rowader, al coordinador municipal Mark Ruff y a la presidenta del Concejo Municipal, Lisa Bender, sobre la investigación.

El departamento continuará trabajando en estrecha colaboración tanto con la Ciudad como con el MPD a medida que avance la investigación.

“Una de las principales prioridades de la División de Derechos Civiles es garantizar que todas las personas en este país se beneficien de los sistemas de seguridad pública que sean legales, receptivos, transparentes y no discriminatorios”, dijo la Subprocuradora General Adjunta Principal Pamela Karlan, de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia.

“Es esencial que los departamentos de policía de todo el país utilicen su autoridad de aplicación de la ley, incluida la autoridad para usar la fuerza, de una manera que respete los derechos civiles y la santidad de la vida humana”, consideró.

“La gente de toda la ciudad de Minneapolis quiere un sistema de seguridad pública que proteja y sirva a todos los miembros de nuestra comunidad”, dijo el Fiscal Federal Interino Anders Folk, encargado del Distrito de Minnesota.

“Esta investigación del Departamento de Justicia proporciona un paso vital para restaurar y generar confianza en el Departamento de Policía de Minneapolis y sus oficiales”, añadió.

La investigación, lanzada un día después del fallo en contra de un agente de la policía por asesinato de George Floyd, se lleva a cabo de conformidad con la Ley de Control y Aplicación de la Ley de Delitos Violentos de 1994, que prohíbe a los gobiernos estatales y locales participar en un patrón o práctica de conducta por parte de los agentes del orden que priva a las personas de los derechos protegidos por la Constitución o la ley federal.

La ley permite al Departamento de Justicia remediar tal mala conducta a través de un litigio civil.

El departamento evaluará las prácticas de aplicación de la ley bajo la Primera, Cuarta y Decimocuarta Enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos, así como bajo la Ley de Calles Seguras de 1968, el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y el Título II de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades.

La Sección de Litigios Especiales de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, en Washington, DC, y la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Minnesota, en Minneapolis, están conduciendo conjuntamente esta investigación.

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