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CIUDAD DE MÉXICO — El Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE o Comisión) determinó que diversas empresas que pertenecen a los grupos de interés económico Gasmart, Rendichicas, Appro, Magigas, Eco y las sociedades Colorado, Florido, Becktrop, Ravello, Dagal y Cargas, así como 11 personas físicas que actuaron en su representación, cometieron prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la comercialización de gasolinas en los municipios de Tijuana y Mexicali, en el estado de Baja California.

El organismo también concluyó que Onexpo Baja, la Asociación de Estaciones de Gasolina de Tijuana (APEGT), la Asociación de Gasolineros de Mexicali (Onexpo Mexicali) y cuatro personas físicas incurrieron en el ilícito de haber coadyuvado, propiciado o inducido esas conductas anticompetitivas.

Las prácticas anticompetitivas sancionadas consistieron en acuerdos entre competidores para mantener los precios de las gasolinas en el precio máximo determinado por el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Por lo anterior, se les impusieron multas que en conjunto suman 51 millones de pesos, equivalentes a 2.2 millones de dólares.

Como medida previa a la liberalización de los precios de las gasolinas, en términos de la normatividad aplicable de aquel entonces, la SHCP anunció que desde enero de 2015 entrarían en vigor precios máximos de venta al público, indicó la Cofece.

A partir de esta nueva política, los expendedores podían ofrecer, de manera independiente, precios menores al máximo para ganar la preferencia de los consumidores.

Al observar esta situación, Onexpo Baja –organismo que agrupa a diversas estaciones de servicio del estado de Baja California– y la APEGT convocaron a los distintos gasolineros con el objetivo de lograr “la unidad en el sector” respecto a los precios de las gasolinas en Tijuana.

En este sentido, Gasmart, Appro, Ravello y Eco acordaron mantener el precio de las gasolinas en el máximo determinado por la SHCP y abstenerse de dar descuentos.

De los precios reportados por esos mismos gasolineros se desprende que mantuvieron el precio máximo establecido por la SHCP del 1 de enero hasta la primera quincena de febrero de 2015.

Después de esta fecha y hasta finales de febrero del mismo año, estos grupos -además de Florido- cambiaron la modalidad del acuerdo colusorio y comenzaron a aplicar de manera coordinada descuentos a los precios de las gasolinas en ciertas zonas.

A inicios de 2017, en Mexicali, las empresas Gasmart, Rendichicas, Colorado, Magigas, Cargas, Dagal, Becktrop y Eco sostuvieron una serie de reuniones e intercambios de correo electrónico y mensajes por Whatsapp, encaminadas a mantener el precio máximo determinado por la SCHP y no aplicar el estímulo fiscal en el precio de las gasolinas que se había previsto para la zona de la frontera norte del país.

Dicha conducta también fue realizada con la coadyuvancia de la Onexpo Mexicali y la APEGT.

La aplicación de este estímulo constituía una opción para los gasolineros que permitía beneficiar al consumidor a través de descuentos, por lo que el acuerdo coordinado para no aplicarlo perjudicó precisamente a los consumidores.

Esto generó que los precios de la gasolina en Mexicali se mantuvieran en el precio máximo desde enero hasta inicios de marzo de 2017.

La estimación de sobreprecios a las gasolinas provocados por las conductas anticompetitivas fue de al menos 10 centavos por litro en lo que toca a Tijuana, y de hasta 60 centavos por litro en Mexicali, lo que generó un daño al mercado calculado en 27 millones 431 mil pesos.

Asimismo, se considera que las conductas sancionadas fueron graves, al haber sido intencionales, además de generar una afectación directa a los consumidores que utilizan vehículos automotores, así como a otros sectores que utilizan este bien como insumo, como el transporte público y de mercancías.

Una vez resuelto el asunto y notificadas las partes, los agentes económicos sancionados tienen el derecho de acudir al Poder Judicial de la Federación para que sea revisada la legalidad de la actuación de la COFECE.

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