EL CENTRO — La fiscal adjunta de distrito del condado de Imperial, Deborah Owen, presentó ante la Junta de Supervisores una apasionada apelación de aumento en el presupuesto de su departamento.

La funcionaria dijo creer que la negación inicial de no recomendar algunas de las solicitudes de presupuesto fueron de naturaleza vengativa debido a que la oficina del fiscal de distrito amenazó con huelga a principios de este año.

Owen solicitó transferir cinco investigadores privados al fondo general, para lo cual la Agencia contra Narcóticos de Alta Intensidad se haría cargo del 73 por ciento del costo.

El costo para el condado para los cinco investigadores sería de 140 mil dólares.

Owen dio a conocer en su exposición el número de drogas y traficantes que la Fuerza de Tarea contra Narcóticos del Condado de Imperial ha sacado de las calles, incluyendo suficiente fentanilo para matar a un millón de personas.

“En este momento, tendrías que vivir debajo de una roca para no conocer los peligros del fentanilo. Si esto no se financia, desaparece”, afirmó.

La fiscal adjunta solicitó a los supervisores revocar la recomendación de no financiar promociones para el personal del DA.

Owen aseguró que cuando un empleado viene a trabajar, esa persona se inscribe para el trabajo, pero cuando escucha que algunos departamentos tienen permiso para otorgar promociones a otros pero no a los suyos, es arbitrario y una elección personal.

Para a fiscal adjunta la procuraduría no promueve a sus trabajadores automáticamente, ya que dichas promociones deben ganarse.

La funcionaria se dijo sorprendida cuando le dijeron que no había fondos discrecionales disponibles para las promociones.

“La única conclusión razonable que tengo es que es una represalia”, sostuvo la funcionaria.

La fiscal adjunta señaló que el acuerdo que puso fin a la huelga del departamento incluyó la eliminación de un fiscal de distrito adjunto y un asistente legal a cambio de la incorporación de un fiscal de distrito asistente de nivel 5.

“Eso (197 mil dólares) es suficiente para financiar a todos los subcontratados. Hay dinero allí, pero ahora niegan todas las promociones para cada fiscal de distrito.

Owen indicó a los supervisores que deberían haber cumplido su promesa cuando acordaron trabajar con el Procurador para encontrar fondos y financiar al asistente del fiscal de distrito de nivel 5.

El Presidente de la Junta, Ryan Kelley, mostró su desacuerdo con la acusación, al afirmar que no quiere que nadie piense que la junta cambió su posición sobre el cumplimiento del acuerdo.

“Parece como si lo estuvieras tomando personalmente”, manifestó Owen.

El año pasado, recordó la funcionaria, la oficina del fiscal de distrito tenía un ahorro salarial de 844 mil dólares, que era más de 900 mil dólares por debajo del presupuesto.

A pesar de la reducción de personal y los ahorros salariales, la funcionaria aseguró que el personal hace el trabajo.

“¿No deberían ser los ahorros a nuestra discreción y no a los suyos?”, cuestionó la fiscal adjunta.

Tras reunirse con la administración del condado a fines de la semana pasada, la oficina del fiscal de distrito se dio cuenta de que se podían agregar 73 mil 984 dólares en compensación laboral.

Kelley mencionó que cuando se reunió con Otero a principios de este año durante el estancamiento presupuestario de la fiscalía de distrito, el procurador dijo a la junta que solo tenía tres empleados disponibles para este puesto.

Seis meses más tarde, dijo Kelley, la oficina del fiscal de distrito quiere agregar otros seis, aunque Owen dijo que seis son elegibles y tres asistentes de fiscal de distrito van a dejar la oficina a mediados del próximo mes.

“Sé que a esta junta no le gusta que la interroguen y especialmente que yo la cuestione. En este salón hicieron promesas y lo dejaron en manos del fiscal de distrito, quien es elegido (por los votantes)”, afirmó Owen.

El Supervisor por el Distrito 5, Raymond Castillo, indicó que iría en contra de las recomendaciones de la administración porque las promociones son merecidas, mientras que el supervisor del Distrito3, Mike Kelley, se pronunció de acuerdo, al afirmar que cuando era un oficial de libertad condicional en jefe, ascendía bajo contratación.

Los supervisores votaron para revertir las recomendaciones de la administración, excepto la transferencia de cinco investigadores de la procuraduría en ingresos especiales al fondo general.

Con información de Michael Maresh/Imperial Valley Press

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