LOS ÁNGELES — Dos hombres del Valle de San Fernando fueron procesados este miércoles por una acusación formal ante un gran jurado federal en la que fueron acusados por formar parte de una prolífica red de tráfico de documentos.

De acuerdo a autoridades federales, la banda creó y vendió tarjetas de pasaporte estadounidenses falsificadas, tarjetas del Seguro Social, licencias de conducir y otros documentos.

El caso fue resultado de investigación de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) Los Ángeles y la Oficina del Alguacil del Condado de Ventura.

Carlos Ayala Hernández, también conocido como “Juan Juárez”, de 44 años, de Granada Hills, es el principal sospechoso dentro de la acusación formal de 19 cargos.

Las autoridades también acusaron a Néstor Pérez, también conocido como “Daniel Pérez”, de 32 años y residente de Van Nuys.

Cada uno se declaró inocente de un cargo de conspiración, nueve cargos de producción de documentos de identificación falsos, siete cargos de transferencia de documentos de identificación falsos y un cargo de posesión de cinco o más documentos de identificación falsos.

Hernández también se declaró inocente de un cargo de ser un extranjero ilegal en posesión de un arma de fuego.

El 19 de febrero, un tercer acusado mencionado en la acusación, Miguel Juárez Guerrero, de 23 años, de Van Nuys, se declaró inocente de 18 cargos relacionados con la fábrica de documentos falsos.

Según la acusación formal presentada el 9 de febrero, desde enero de 2016 hasta enero de 2021, Hernández, Guerrero y Pérez conspiraron para presentar documentos de identificación falsos que parecían haber sido emitidos por el gobierno de Estados Unidos y licencias de conducir que supuestamente procedían de varios estados, incluidos California, Wyoming y Pennsylvania.

Hernández y Guerrero supuestamente recibieron pedidos, algunos por mensaje de texto, de clientes que buscaban documentos de identificación falsos.

Luego, Hernández y Guerrero notificaron a Pérez, quien fabricó y almacenó las identificaciones falsas en un apartamento de Van Nuys que se usaba únicamente para producir los documentos falsificados.

Cuando las identificaciones falsas estuvieron listas, Hernández y Guerrero supuestamente notificaron a los clientes y acordaron horarios y lugares de recogida, generalmente en los estacionamientos de restaurantes o farmacias, a cambio de efectivo.

El 7 de enero de 2021, agentes especiales de HSI ejecutaron una orden de registro en la residencia de Van Nuys.

Los federales descubrieron que los acusados poseían 21 tarjetas de pasaporte estadounidenses, 68 tarjetas de Seguro Social, cinco tarjetas de residente permanente legal (comúnmente conocidas como “tarjetas verdes”), dos cédulas de autorización de empleo, 135 licencias de conducir, 11 documentos de identidad extranjeros de México, Chile, Argentina y Perú; y aproximadamente mil sellos de autenticación fraudulentos, según la acusación.

En la misma fecha, Hernández supuestamente poseía 40 mil dólares en efectivo en su residencia.

Los tres imputados en este caso fueron detenidos en virtud de una denuncia penal el 27 de enero.

Se ha programado una fecha para el juicio con jurado el 6 de abril.

Cada uno de los cargos relacionados con los documentos falsificados conlleva una sentencia máxima legal de 15 años en una prisión federal.

Si son declarados culpables de todos los cargos en el documento, los acusados enfrentarían posibles sentencias de décadas en prisión.

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