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CALEXICO — El tianguis Santo Tomás reabrió sus puertas el sábado luego de que los propietarios y la ciudad de Calexico alanzaran a un acuerdo por la demanda del gobierno local que obligó al cierre del lugar en marzo.

El acuerdo permite que las operaciones se reanuden temporalmente, pero restringe la actividad del proveedor para seleccionar zonas de operación y establece fechas límite para que los dueños de la propiedad aborde las infracciones al código de construcción y de incendio previamente reportadas.

El acuerdo se dio a conocer en la reunión del Concejo Municipal del miércoles, donde los integrantes votaron por unanimidad durante la sesión a puerta cerrada para autorizar la reapertura.

Aunque ningún funcionario de la ciudad en el estrado comentó sobre el acuerdo luego del anuncio, los miembros del público presente en el salón de sesiones aplaudieron la decisión.

Los vendedores habían estado esperando una resolución a la demanda civil que la ciudad presentó inicialmente en febrero y el acuerdo fue tomado con cierta prudencia.

“Estamos contentos, pero no estamos contentos”, dijo el viernes el locatario Alberto Alvizu.

En principio, los vendedores agradecieron el acuerdo que les permitió regresar al trabajo y volver a almacenar su mercancía durante la noche en el sitio.

Sin embargo, los locatarios mostraron cierta incomodidad con una ordenanza que la ciudad pretende adoptar, según el acuerdo, que nuevamente restringiría el almacenamiento nocturno en el lugar de la mercancía de los vendedores, dijo Alvizu.

Tras el incendio del 8 de diciembre, que destruyó decenas de puestos de vendedores y obligó el cierre, la ciudad poco después permitió que el comercio en el sitio reanudara las operaciones de forma temporal y limitada.

El permiso de uso temporal también había obligado a los vendedores a no almacenar la mercancía en el lugar durante la noche.

La demanda de la ciudad fue presentada por la decisión a principios de febrero de reanudar las operaciones comerciales en zonas de la propiedad no autorizadas por el permiso de 90 días.

En marzo, un juez de la Corte Superior local concedió la petición de la ciudad de una orden preliminar, que prohibió las operaciones comerciales extendidas, ya que el gobierno declaró en la demanda como problemas para la seguridad pública.

El acuerdo aprobado el miércoles por el concejo fue alcanzado con la ayuda de un mediador que las partes aprobaron conjuntamente, dijeron el jueves funcionarios de la ciudad.

“Las partes creen que es en su mejor interés respectivo resolver las diferencias en los términos especificados en este acuerdo”, indica el documento.

Este acuerdo obliga a que, a más tardar el 31 de diciembre, la infraestructura eléctrica sea reemplazada.

Además, las estructuras existentes deben reemplazarse o repararse para cumplir con los códigos de incendio y construcción aplicables, mientras que los puestos de los vendedores deberán permanecer libres de polvo y los estacionamientos se pavimentarán con material apropiado.

Así mismo, los baños deben ser suficientes para el tamaño de la actividad comercial del lugar y todas las demás infracciones del código informadas también deberán ser abordadas, de acuerdo con una copia del acuerdo proporcionada por la ciudad.

El acuerdo requiere además que, a más tardar el 29 de febrero, Santo Tomás deberá contar con equipo contra incendios, y para el 21 de marzo los carriles de incendio de la propiedad deberán contar con equipo con material apto para todo clima y cumplir con los códigos y señales pertinentes.

Las reparaciones requeridas también deben ser realizadas por un contratista con licencia y con los permisos adecuados.

El incumplimiento de las condiciones establecidas en el acuerdo permitiría a la ciudad presentar una nueva demanda judicial, lo que inmediatamente le otorgaría a la ciudad una orden judicial preliminar para cerrar el lugar y evitar cualquier uso comercial de la propiedad hasta que se resuelvan las violaciones del código, establece el acuerdo.

El viernes, el gerente general de Santo Tomás, Juan Carlos González, expresó su satisfacción de que las partes hubieran llegado a un acuerdo, poniendo fin a los litigios costosos.

Sin embargo, también expresó su preocupación por la próxima ordenanza propuesta que busca restringir el almacenamiento nocturno en el lugar de la mercancía de los vendedores.

González dijo que el alcance exacto de la ordenanza propuesta siguen siendo desconocidos para él.

Empero, dijo que es posible que a los vendedores se les permita usar contenedores de almacenamiento en el sitio para la mercancía.

Si dichos contenedores de almacenamiento fueran aprobados, representaría un “cambio radical” en la forma en que la empresa ha operado a lo largo de sus 45 años de historia, dijo.

“Esperamos obtener más información”, dijo González, en relación con la ordenanza propuesta, que según se espera sea presentada ante el consejo en septiembre.

Alvizu dijo esperar que la ciudad tome en consideración las preocupaciones de los proveedores sobre la ordenanza propuesta antes de cualquier posible aprobación.

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